El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sancionado a un abogado con una multa de 450 euros tras presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal que incluía 48 citas de supuestas sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que jamás existieron. El letrado obtuvo estas referencias mediante ChatGPT y nunca verificó su autenticidad en el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), la base de jurisprudencia de acceso público, según informa Xataka.
La cuantía de la sanción resulta especialmente simbólica: equivale a la mitad del coste anual de una suscripción a una herramienta de inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico. El tribunal buscó así enviar un mensaje sobre la responsabilidad profesional en el uso de estas tecnologías emergentes.
Una práctica alarmantemente extendida
El caso canario no es aislado. En España, el Tribunal Constitucional ya había reprochado anteriormente «falta del debido respeto» a un abogado que citó 19 sentencias inventadas. En julio de 2026, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia impuso una multa de 1.800 euros —el doble que en Canarias— por 24 referencias falsas o manipuladas en un recurso laboral, alegando ausencia de «control humano consciente y efectivo» según la Instrucción 2/2026 del CGPJ.
A escala internacional, el fenómeno se repite con frecuencia preocupante. En Nueva York, el abogado Steven Schwartz fue sancionado en 2023 con 5.000 dólares por citar resoluciones inventadas por ChatGPT. En Alabama, tres letrados fueron apartados de un caso judicial tras presentar cinco citas falsas. Un profesional en Utah quedó obligado a pagar las costas de la parte contraria y donar 1.000 dólares a una organización sin ánimo de lucro del sector legal.
Tasas de error superiores al 60% en consultas jurídicas
El estudio Large Legal Fictions de Stanford RegLab, que analizó 800.000 preguntas jurídicas verificables, encontró tasas de alucinación de entre el 58% (GPT-4) y el 88% (Llama 2) al solicitar datos concretos sobre casos judiciales reales. Incluso las herramientas jurídicas premium que prometían cero errores mostraron fallos significativos: Lexis+ AI falló el 17% de las veces, mientras que Westlaw AI-Assisted Research presentó errores en el 33% de las consultas.
Una guía jurídica de 2026 dirigida a abogados en ejercicio sigue citando tasas de alucinación del 69% al 88% en consultas legales. Aunque modelos recientes como Claude 5 Fable o ChatGPT 5.6 han presentado mejoras —el Vectara HHEM Leaderboard sitúa a GPT-5.5 en torno al 9,3% y Claude Opus entre el 4% y el 6%— el problema de inventar jurisprudencia persiste sin resolver.
Sesgo de automatización y crisis de verificación
Un estudio del MIT reveló que los participantes calificaron las respuestas de IA como más completas y fiables que las de profesionales humanos, incluso sabiendo que uno de cada cuatro diagnósticos era incorrecto. Este fenómeno, denominado sesgo de automatización, representa la tendencia a preferir respuestas rápidas frente a la verificación rigurosa que exige tiempo.
El último estudio del Pew Research Center mostró que el 52% de los estadounidenses se siente ahora más preocupado que entusiasmado por la creciente presencia de la IA en su vida diaria, frente al 37% de 2021. Solo el 9% se declara más entusiasmado que preocupado ante esta transformación tecnológica.
El caso del abogado canario ilustra un riesgo creciente en la profesión legal: la dependencia acrítica de herramientas de IA sin la debida supervisión humana. Los expertos coinciden en que, aunque la inteligencia artificial puede agilizar tareas jurídicas, la verificación manual de referencias y jurisprudencia sigue siendo insustituible para garantizar la calidad del trabajo legal.
Fuente: Xataka · Documento oficial: enlace · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Radioalcuadrado con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.