El Gobierno español ha comenzado a recomendar a las empresas públicas que no firmen nuevos contratos con Palantir, la compañía tecnológica estadounidense especializada en análisis de datos militares, según ha adelantado El Confidencial. La orden no es oficial ni está plasmada por escrito, pero ya ha provocado la cancelación de acuerdos en marcha con la Guardia Civil y la naviera pública Navantia.
Veto sin papel oficial pero con consecuencias reales
Las indicaciones se han trasladado de forma interna a los consejos de administración de empresas bajo el paraguas de la SEPI, entre ellas Telefónica, Indra, Correos y Navantia. No ha habido comunicado público, ni rueda de prensa, ni nota oficial. España se suma así a Francia, Alemania, Dinamarca y Países Bajos en su desconfianza hacia la empresa fundada por Peter Thiel y Alex Karp, alegando riesgos para la información sensible en manos de una compañía estadounidense con vínculos estrechos con la Casa Blanca de Donald Trump.
Sin embargo, el contrato que verdaderamente importa sigue en pie: el que Defensa firmó con Palantir en 2023, por valor de 16,5 millones de euros, para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Este acuerdo caduca en noviembre de 2026 y, según la misma fuente, los jefes del Estado Mayor han presionado para renovarlo, argumentando que no existe alternativa comparable en el mercado.
España respalda a Palantir en la OTAN
El contraste es llamativo: mientras Moncloa desliza el veto puertas adentro, la OTAN anunció esta semana que el Maven Smart System de Palantir se convierte en su sistema operativo para la gestión de datos militares. España, como socia de la Alianza Atlántica, ha tenido que dar el visto bueno a esta decisión junto al resto de aliados. Es decir, ha votado a favor en Bruselas mientras adopta la dirección opuesta en su política interna.
La elección de Palantir por parte de la OTAN refuerza la posición de la empresa en el ecosistema de defensa occidental, precisamente en el momento en que varios gobiernos europeos intentan distanciarse de ella. La firma estadounidense se consolida así como proveedor crítico de infraestructura tecnológica militar, a pesar de las tensiones geopolíticas en torno a la tecnología de defensa.
Un gesto político con destinatario claro
El veto tiene un destinatario claro: el gobierno estadounidense. Pedro Sánchez lleva meses sin recibir al embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamín León Jr. Su Ejecutivo ha invertido 115 millones de euros en Openchip y otros 5.000 millones en una gigafactoría de chips como apuesta por la soberanía tecnológica europea. El veto a Palantir encaja en ese relato, pero convive con un contrato de Defensa que nadie se atreve a cancelar.
El fin del contrato actual en noviembre pondrá a prueba si esto era señalización diplomática o convicción real. Si el acuerdo del Centro de Inteligencia se renueva discretamente, el veto habrá sido un gesto. Si se deja caer sin sustituto equivalente, España se quedará sin la herramienta que sus propios militares consideran insustituible. La vía intermedia —sustituirlo por tecnología europea o nacional— no existe todavía en el mercado.
La contradicción entre la postura interna y el respaldo en la OTAN evidencia las tensiones entre la soberanía tecnológica, las relaciones transatlánticas y las necesidades operativas reales de las fuerzas armadas. Moncloa deberá decidir pronto si prioriza el mensaje político o la continuidad operativa.
Fuente: Xataka · Documento oficial: enlace · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Radioalcuadrado con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.